A la Justicia internacional se le está amontonando los casos de demandas de empresas extranjeras por la reforma eléctrica. Con la denuncia de la americana 9REN se llega a la undécima demanda contra España por los recortes a la renovables ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Además hay otras cuatro más en otros tribunales.
La empresa de capital norteamericano 9REN es propiedad del fondo de inversión estadounidense First Reserve y procede de los activos adquiridos en 2008 a la empresa italiana Ener3 y a la española Gamesa Solar, que venían operando en el sector fotovoltaico desde 2003.
Esta nueva denuncia, en la que 9REN contará con el asesoramiento del despacho King & Spalding, es la tercera del año contra España por los recortes a las renovables, tras las presentadas por la empresa alemana Steag y un consorcio formado por ocho empresas también alemanas en el que participa la eléctrica RWE.
Once denuncias en el CIADI
Junto a esta denuncia ya se han presentado en los últimos meses diez más por RREEF, Antin, Eiser, Masdar, NextEra, InfraRed, Renergy, RWE, un grupo de empresas alemanas y Steag.
También cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, por parte de la holandesa Charanne y el luxemburgués Construction Investments, Isolux Infrastructure Netherlands y CSP Equity Investment.
Además, aparte de las denuncias ante el Ciadi, el accionista de referencia del Grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana, ha anunciado su intención de denunciar también a España.
El Grupo 9REN
9REN está especializada en la operación y en el desarrollo de proyectos solares ‘llave en mano’. Entre Italia y España, cuenta con 200 megavatios (MW) de plantas fotovoltaicas, la mitad de ellos para terceros y la otra mitad propiedad del propio grupo. Cada mes, las plantas que gestiona el grupo generan más de 10.000 megavatios-hora (MWh), lo que equivale a las necesidades de unas 40.000 familias.
En la actualidad cuenta con tres sedes en España -Madrid, Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria- y dos en Italia -Milán y Bari-. Desde 2009, Gamesa Solar opera, desde comienzos de año, con la denominación 9REN España, tras finalizar su integración en el nuevo grupo europeo de energías renovables 9REN Group.
Aparte de proyectos fotovoltaicos, también ha venido trabajando en la construcción de plantas termosolares, de las que suma 196 instalaciones de gran tamaño.
Además de su presencia en Italia y España, están presentes también en Israel, donde se están construyendo instalaciones en cubiertas agrícolas e industriales de una potencia total de 5MW. En el Reino Unido, se está llevando acabo la distribución y venta de componentes fotovoltaicos.
El grupo aspira a convertirse en «un operador multinacional, focalizado en la innovación y el crecimiento en el mercado de las energías renovables de la Europa Mediterránea».
Solución a las demandas internacionales
Todos los despachos de abogados que llevan las denuncias a los tribunales internacionales coinciden en asegurar que la duración de un procedimiento de arbitraje inversor-Estado depende de su complejidad y también del calendario procesal acordado por las partes o, en su defecto, adoptado por el tribunal arbitral. Aún así, y aunque no existen estadísticas oficiales sobre la duración de estos procedimientos, las estadísticas estiman que un procedimiento administrado por el CIADI dura de media 3,6 y 3,8 años de media desde la presentación de la solicitud de arbitraje hasta la emisión del laudo.
Carlos Sánchez Criado
Publicista por la Universidad Complutense. Director comercial de publicaciones técnicas del sector de la energía durante doce años. Director de Energy News Events, S.L. desde 2012 difundiendo información en Energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es. Y por supuesto, organizando eventos como VEM, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid.
I do find it astonishing how companies are having to take legal action to maintain state support for green electricity generation. Especially when the EU is regulating to accelerate migration from diesel to electric vehicles.