El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha anunciado los planes de construcción de una central hidroeléctrica en la presa de Irueña (Salamanca). La Sección Hidráulica de APPA Renovables va a personarse como parte interesada en el proyecto de Irueña para velar por el correcto funcionamiento de las normas de competencia y para que el proyecto se ajuste a derecho, ya que los organismos supervisores son los propios promotores.
Con 4,5 MW de potencia, la nueva central tendrá una producción estimada de 16.300 MWh, por lo que realizará una buena contribución a la transición energética en España.
El hecho es que, aunque el proyecto tiene grandes previsiones de rendimiento, su financiación será cubierta por dinero público (por la Confederación Hidrológica del Duero), por lo que es conveniente adoptar mecanismos de garantía para evitar despilfarro público, daños medioambientales y la vulneración de los derechos de todos los productores y consumidores.
Medidas de control para la inversión pública
En un comunicado, APPA señala que, si bien es cierto que el suministro eléctrico es un servicio de interés general y que las Administraciones Públicas deben velar por garantizarlo a todos los ciudadanos y empresas, no deja de ser igualmente cierto que se trata de una actividad liberalizada en la que la participación directa de las Administraciones Públicas entraña riesgos y genera preocupación, al no someterse el proyecto al principio de libre concurrencia para elegir la mejor opción.
La Sección Hidráulica de la APPA señala que la gestión pública de este proyecto hidráulico puede ser contraria a las exigencias del Derecho Comunitario y del Derecho de la Competencia, entre otras razones, al restringir la libre competencia en la generación eléctrica, al afectar al uso común del dominio público, y, de manera importante, al tener la posibilidad el proyecto de no tributar ni devengar cánones, lo que, como se ha dicho, situaría al gestor público del proyecto en una situación de ventaja competitiva contraria a la normativa europea vigente. Todo ello exige arbitrar instrumentos e incrementar las medidas de control de esta fuerte inversión pública.
Supervisar a los supervisores
Con el objetivo de asegurar que el proyecto cuenta con todas las garantías, la Sección Hidráulica de APPA Renovables se personará como parte interesada en el proyecto.
Por ello, el organismo se asegurará de justificar la necesidad de utilizar fondos públicos, en caso de que fuera necesario, para intervenir en una actividad liberalizada y en la que no existe fallo de mercado. El objetivo de esta práctica es asegurar que no haya distorsión en este mercado.
El PNIEC requerirá la inversión por parte de empresas del 80% de los 101.000 millones de euros necesarios hasta 2030. Por ello, es importante que se vele por la transparencia de los proyectos, asegurando que los promotores -públicos o privados- tengan las mismas obligaciones y cumplan las mismas normas.
Fuente: APPA Renovables.
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Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense. Redactor en energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es.
