Representado por FENIE y CONAIF, el colectivo de empresas instaladoras ha vuelto a instar al Gobierno español para que autorice que las empresas puedan continuar con su actividad durante el estado de alerta por el COVID-19.
En Cataluña, previa petición de FEGICAT, Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña, la Generalitat ha autorizado a las empresas instaladoras a continuar con su actividad en casos de averías o mantenimientos en las instalaciones.
Las empresas instaladoras han vuelto a pedir al Gobierno que autorice de manera expresa la continuidad de su actividad. Tanto FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España) como CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines), apelan al artículo 17 de RD que declara el estado de alarma, en el que se recoge lo siguiente: “Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos”.
Caso de Cataluña
En Cataluña, previa petición de FEGICAT, Federación de Gremios de Instaladores de Cataluña, la Generalitat ha autorizado a las empresas instaladoras a continuar con su actividad en casos de averías o mantenimientos en las instalaciones.
Desde FENIE y CONAIF, consideran que la decisión tomada por la Generalitat debería ser replicada en el resto de Comunidades Autónomas, permitiendo que las empresas instaladoras puedan seguir desempeñando su trabajo sin tener que correr el riesgo de ser multados o experimentando situaciones de tensión adicional a la que ya de por sí estamos viviendo.
Peticiones del sector
Tras analizar el contenido del RD Ley, desde FENIE piden la revisión de su contenido por parte del Gobierno y solicitan lo siguiente:
- Incorporar la actividad de las empresas instaladoras en los servicios que puedan acogerse a los ERTES por fuerza mayor, de tal forma que, en aquellos casos que sea de aplicación, los ERTES se puedan efectuar sin que haya dudas en su concesión.
- Que los ERTES sean de aplicación a partir de la fecha de inicio de la declaración de alarma – Que el procedimiento para obtener el cese de actividad a los autónomos, sea de oficio y con carácter retroactivo a la fecha de declaración de alarma.
- Anular del pago a cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al año 2020 a las pymes.
- Eliminar el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad en caso que ejecute algunas de las medidas incorporadas en el Real Decreto Ley.
- Autorizar, de forma expresa, el desplazamiento de los trabajadores de las empresas instaladoras a nivel nacional siempre que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas en aquellos casos que tengan que continuar su actividad.
- Permitir el desplazamiento de más de un trabajador en un vehículo, cuando sea necesario para la realización de los trabajos, siempre que éstos cumplan con las condiciones de seguridad.
- Proporcionar de forma prioritaria al colectivo de empresas instaladoras de elementos de material de seguridad para los trabajadores que han de continuar su actividad en condiciones de seguridad a través de las mutuas, o en su caso, las asociaciones de empresas instaladoras – Incorporar los CNAES del ámbito de las instalaciones dentro de las empresas potenciales de recibir las líneas de financiación habilitadas por el Gobierno para el COVID-19.
Desde Feníe subrayan la importancia de diferenciar de manera clara las medidas destinadas a las grandes empresas y que no sea un caso que tenga vinculación con la resolución de los ERTES en el caso del colectivo de empresas instaladoras.
El sector del frío asegura servicios de instalación y mantenimiento
Por su parte, el sector del frío ha asegurado la prestación de servicios de instalación y mantenimiento necesarios para el correcto funcionamiento de servicios básicos como la medicina, la alimentación y las telecomunicaciones. Estos tres sectores necesitan de manera imprescindible los procesos de refrigeración: los medicamentos y los alimento para mantener la cadena del frío en procesos productivos y de conservación y las telecomunicaciones para refrigerar los servidores.
Desde este sector recuerdan que existen más de 5.000 empresas instaladoras que dan empleo a unas 20.000 personas, que realizan labores de mantenimiento imprescindibles en este momento para el buen funcionamiento de los sectores anteriormente citados.
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Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense. Redactor en energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es.
