Asturias, que se perfilaba como un punto estratégico para el almacenamiento de energía renovable, ha detenido la instalación de parques de baterías. Esta comunidad autónoma había recibido más de 170 solicitudes para estas infraestructuras, de las cuales 47 estaban en proceso y 35 ya habían sido publicadas oficialmente. Sin embargo, un nuevo decreto del gobierno autonómico impone un alto hasta 2025, priorizando los intereses de los residentes sobre las iniciativas empresariales.
Y es que el rápido aumento de propuestas ha llevado al gobierno autonómico a realizar una pausa en su desarrollo. En un intento por preservar la armonía entre las áreas urbanas y rurales, el ejecutivo asturiano planteó la necesidad de establecer un mínimo de un kilómetro de distancia entre estas instalaciones y las zonas habitadas. A pesar de estos esfuerzos, la solución no ha sido suficiente para evitar el descontento ciudadano.
El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha explicado que la decisión de suspender los proyectos de baterías responde a la necesidad de garantizar que los derechos de los habitantes prevalezcan sobre las iniciativas empresariales. El gobierno busca asegurar que estas infraestructuras no generen un impacto negativo en el entorno o la calidad de vida de los asturianos.
Asturias: rechazo vecinal para el sector energético
La instalación de parques de baterías se vislumbraba como un paso definitivo para mejorar la infraestructura energética en Asturias, particularmente en el ámbito eólico. No obstante, la decisión del gobierno de congelar estos proyectos ha sido bien recibida por una parte de la población, especialmente en áreas rurales donde se ha expresado preocupación sobre el impacto en la salud, el medio ambiente y el paisaje.
Durante una consulta pública realizada antes de la aprobación del decreto, se recibieron 21 alegaciones, 13 de las cuales provinieron de asociaciones vecinales. Estos grupos exigen una normativa más estricta que regule la ubicación de las instalaciones, especialmente en zonas rurales. Por otro lado, el sector empresarial también presentó objeciones, argumentando que la suspensión afectará el desarrollo de proyectos energéticos necesarios para la transición hacia energías renovables.
A pesar del bloqueo, las autoridades han señalado que el nuevo decreto establecerá con mayor precisión las áreas donde se podrán desarrollar estos parques. También definirá las zonas de exclusión, con el objetivo de proteger los recursos naturales de la zona.
El problema de Asturias refleja un dilema nacional
La situación en Asturias no es un caso aislado. En otras comunidades autónomas, también se están planteando restricciones y debates sobre la gestión del excedente de energía renovable. En Aragón, se ha generado una controversia en torno a la retención de energía sobrante, mientras que en Galicia se estudian mecanismos para reducir las tarifas eléctricas y evitar el rechazo a los proyectos eólicos.
Iberdrola apuesta por el almacenamiento en baterías en España
Por su parte, en la Comunidad Valenciana se opta por seguir dependiendo de la energía nuclear. Esto refleja las diferentes posturas que están adoptando las comunidades autónomas españolas en materia energética.
En definitiva, el principal desafío de la energía en España radica en la falta de coordinación a nivel nacional. Cada comunidad autónoma está tomando decisiones diferentes, lo que provoca un desequilibrio en la capacidad instalada de energías renovables. Este problema estructural se convierte en el mayor obstáculo para alcanzar una verdadera transición energética en el país.
Te puede interesar…
