El sector de renovables celebró en julio la luz verde para cerca de 43 gigavatios (GW) de proyectos que llevaban meses bloqueados en el Ministerio de Transición Ecológica y las autoridades regionales. Sin embargo, ahora tiene un desafío aún más complicado: activar esa enorme capacidad de energía eólica y solar en solo cuatro años, casi igualando los 60 GW que ya están en funcionamiento en España.
Pero la aprobación no es el fin del camino. «Es como obtener permiso para abrir una panadería. Eso no garantiza que el negocio ya esté funcionando», señala Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). El Real Decreto-ley 8/2023 detalla que, tras la extensión de los plazos para validar los 43 GW, los promotores deben decidir en qué semestre sus proyectos estarán operativos, teniendo como fecha límite el 25 de junio de 2028.
Previsiones del sector de renovables
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), advierte sobre un posible embotellamiento en el sector de renovables, ya que existe el riesgo de que la mayoría de las solicitudes se acumulen en el último semestre disponible. Esto podría desencadenar una sobrecarga en las solicitudes de componentes clave como aerogeneradores, paneles solares y permisos definitivos de conexión a la red por parte de Red Eléctrica. «Si muchas empresas deciden retrasarse hasta el final del plazo, podríamos enfrentar mayores tensiones. Sin embargo, en el ámbito fotovoltaico, a excepción de algunos aspectos relacionados con la ingeniería, adquisición y construcción (EPC), no esperamos grandes complicaciones”.
En contraste, el sector eólico es más pesimista. «Nos informan que gran parte de los proyectos han postergado su ejecución para los semestres finales, entre 2027 y 2028, lo que dejará un vacío significativo en 2026 y generará una acumulación de trabajos en los años posteriores«, comenta Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
A pesar de la aprobación de los 43 GW, las asociaciones alertan de que muchos de estos proyectos no llegarán a completarse. Según Donoso, varios informes de impacto ambiental, aunque positivos en apariencia, en realidad ocultaban restricciones importantes. En muchos casos, se permitió el desarrollo con una capacidad reducida, lo que hacía el proyecto económicamente inviable, o se imponían modificaciones como el soterramiento de líneas eléctricas, lo que incrementaba los costos y complicaba su viabilidad.
La saturación del sector de renovables
Uno de los principales riesgos que detectan las asociaciones del sector de renovables es la sobrecarga de un sistema eléctrico que ya muestra signos de saturación. Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), creen que los proyectos en marcha no deberían enfrentar mayores obstáculos, ya que el despliegue de energías limpias ha alcanzado un ritmo constante. Sin embargo, José María González Moya, director general de APPA, advierte que, a pesar del progreso, «si no se corrigen los desajustes entre distintas tecnologías y entre la oferta y la demanda, será más difícil conseguir contratos de suministro a largo plazo (PPA), lo cual afectará gravemente a la financiación futura».
La razón de esta preocupación es que la red eléctrica española está sufriendo «vertidos», es decir, se está generando más electricidad de la que el sistema puede absorber. Esto lleva a que muchas plantas de generación tengan que reducir o incluso detener su actividad con mayor frecuencia. «Plantas que antes paraban dos veces al año, ahora lo hacen hasta cinco veces por semana», explica Juan Virgilio Márquez, de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Desde el sector fotovoltaico, se insiste en que este problema debe abordarse desde el punto de vista técnico, reforzando la infraestructura eléctrica y fomentando un aumento en la demanda para estabilizar los precios, además de invertir en soluciones de almacenamiento energético. También es fundamental, desde una perspectiva económica, mejorar el diseño de las subastas para generar confianza entre los inversores.
El sector pide soluciones al Gobierno
Para evitar complicaciones mayores, las asociaciones de energías renovables solicitaron al Ministerio una mayor flexibilidad para los promotores interesados en poner en marcha parques solares o eólicos. No obstante, según Virgilio Márquez, esta demanda sólo fue parcialmente atendida, ya que se establecieron plazos semestrales para activar las plantas. «El sector solicitaba libertad para decidir el momento de la instalación, además de poder contar con información actualizada sobre el avance en la tramitación de instalaciones industriales que generarán demanda», explica el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
Márquez subraya la importancia de que los sistemas para integrar nueva capacidad de generación sean más claros, con un registro que detalle cuántos proyectos están buscando conectarse a los nudos eléctricos y en qué fase se encuentran. Además, considera vital disponer de información sobre dónde surgirá la demanda para que el desarrollo de la energía renovable se lleve a cabo de manera eficiente y ordenada.
Sin embargo, la incorporación de estas solicitudes en la legislación está pendiente de la aprobación del Congreso de los Diputados, y las asociaciones del sector coinciden en que modificar el Real Decreto no será fácil debido a la actual inestabilidad política.
¿Por qué no se paran las centrales de cogeneración (que consumen cantidades ingentes de gas) en lugar de las fotovoltaicas y eólicas?