La Asociación Española Eólica (AEE) ha expresado su preocupación por los problemas de proyectos eólicos en Galicia. Por ello, instan a las instituciones a encontrar una solución urgente al bloqueo estructural actual. Los proyectos paralizados cuentan ya con aprobación ambiental. Asimismo, con la autorización de construcción de los órganos técnicos de la Xunta de Galicia. Las decisiones de los tribunales están creando inseguridad jurídica.
En los últimos meses se está produciendo una paralización en la tramitación de los nuevos parques eólicos. Con la interpretación de los tribunales en Galicia de la aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos, se pone en peligro el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en Galicia.
Además, se está poniendo en tela de juicio el proceso en fase de consulta pública para la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o infraestructura pública. Tanto en nuestro país, como en Europa. El proceso lleva desarrollándose desde hace 10 años.
Explican desde la AEE:
“Las tramitaciones de los nuevos parques eólicos cumplen con lo establecido en la ley y atienden a los informes técnicos preceptivos. No obstante, algunos colectivos anti-eólicos, amparados en interpretaciones de la ley, conducen al bloqueo estructural de las gestiones pertinentes, dilatando sine die los procesos y eliminando cualquier certidumbre para las empresas que tienen que invertir en el territorio”.
Proceso de consulta pública
El proceso de análisis ambiental de los proyectos renovables en nuestro país es garantista. Según la complejidad y la comunidad autónoma la tramitación hasta la obtención o denegación final de la Autorización ambiental varía. Pueden llegar a transcurrir más de 900 días para ello.
El proceso de consulta pública lo inicia el órgano de la Administración responsable de la tramitación. Tal y como establece la ley, el proceso se inicia para recabar, a la vez, información por parte de otros órganos que pueden tener que emitir informes técnicos al respecto, y alegaciones o comentarios por parte de cualquier organización o persona que quiera contribuir en el proceso de consulta pública.
Una vez cumplido el plazo para recibir comentarios, alegaciones o informes, el órgano responsable analiza la documentación. Después, procede a aprobar o no el proyecto, requiriendo o no modificaciones al mismo. Incluso exigiendo medidas compensatorias o preventivas al promotor en su desarrollo, sin las cuales el proyecto no se puede construir.
Desde la AEE explican:
“Algunos colectivos anti-eólicos afirman que, para que la ciudadanía pueda emitir su valoración sobre el proyecto en la fase de consulta pública, ésta debe disponer antes de todos y cada uno de los informes técnicos – muchos de ellos muy especializados y sobre disciplinas que requieren de un conocimiento técnico profundo de la materia -, lo que constituye una táctica, que tiene como fin dilatar el proceso. Los proyectos que están siendo paralizados ya han obtenido la aprobación ambiental por parte del órgano competente, que ha tenido a su disposición todos los informes técnicos para su toma de decisión”.
Efectos de la paralización en Galicia
La pérdida de oportunidad es grave. A modo de ejemplo, según estudios realizados en el sector, el retraso de un año en la tramitación de un parque eólico de 50 MW en Galicia tiene un coste para la economía gallega y española de 77,1 M €, con los siguientes impactos:
- Impacto en empleo. 450 empleos se dejan de generar, se retrasa su creación o se pueden perder en la cadena de valor. Es consecuencia de reducir los encargos de aerogeneradores, componentes y materias primas para la construcción del parque eólico.
- Pérdida de encargos fabricación: 55 M€ en encargos a las fábricas. España cuenta con el 100% de la cadena de valor de la eólica.
- Mayor coste para las familias: 19,3 M€ que los consumidores eléctricos dejan de ahorrar. Resultado de no sustituir el gas natural que sería necesario importar para generar la electricidad que produciría el parque eólico:
14,5 M€ en importaciones de gas natural (310 GWh).
4,8 M€ de derechos de emisión de CO2. Los consumidores tendrían que pagar esa cifra por las más de 57.000 Ton CO2 que emitidas a la atmósfera.
- Menores ingresos fiscales para ayuntamientos, propietarios de los terrenos y Administración pública gallega:
2,8 M€ durante el primer año en ingresos para el presupuesto de ayuntamientos, Xunta de Galicia y arrendatarios de los terrenos donde se ubica el parque. Esa cifra se puede reinvertir, entre otras actuaciones, en la mejora de infraestructuras y equipamientos sociales. O en dar cobertura a los colectivos locales más desfavorecidos, como ejemplos.
734.000 €/año de ingresos los siguientes años durante por lo menos 25 años.
En total 18,35 M € en ingresos para la socioeconomía local y autonómica, durante la vida operativa de las instalaciones.
Opina la sociedad de Galicia
Galicia siempre ha sido una comunidad autónoma que ha destacado por el desarrollo sostenible de las renovables. Se ha posicionado como región ejemplar en el desarrollo respetuoso con el entorno y sus vecinos. Los gallegos son conscientes del enorme recorrido que aún queda en materia de impulso de las renovables. Ellos no lo conciben como un hándicap, sino como una oportunidad.
Los gallegos son los más convencidos de la aportación en empleo que supone la energía eólica para el país. Así lo señala una encuesta realizada por la plataforma Vientos de Futuro (2022). Algunos de los resultados más destacados de la encuesta en Galicia son los siguientes:
- El 99% de los gallegos considera que la eólica es compatible con otras actividades como ganadería o agricultura.
- El 89% está de acuerdo con que la lucha del cambio climático pasa porque los gobiernos reduzcan energías contaminantes y apuesten por renovables.
- El 83% apoya el desarrollo de la industria eólica como medida para avanzar en energías renovables en su entorno.
- El 64% afirma que autorizar la creación de nuevos parques eólicos garantiza la protección de ecosistemas y medioambiente.
En consecuencia, la AEE insta a la búsqueda urgente de una solución que acabe con la paralización. Asimismo, que evite que otros proyectos tengan el mismo problema.
Consideran necesario solucionar los problemas estructurales que se están viviendo en Galicia. Pueden acarrear efectos muy negativos. Además, están condicionados por estrategias de colectivos anti-eólicos. Se basan en justificaciones sin rigor técnico, pero con un fuerte componente ideológico y político. Y, además, con intereses contrarios al desarrollo territorial y a la penetración de energías renovables en la Comunidad Autónoma.
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Esther de Aragón es licenciada en Geografía e Historia. Lleva varias décadas trabajando para medios de comunicación de diferentes sectores. Además, es escritora y ha publicado libros de temática tan diversa como: guías de viaje, un libro sobre el vehículo eléctrico o una novela
